Mazamari: La gestión de las cuentas “invisibles” bajo la lupa de la Contraloría
enero 6, 2026
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6/01/2026 En el corazón de Satipo, la Municipalidad Distrital de Mazamari maneja un presupuesto que supera los 50 millones de soles; sin embargo, en los registros oficiales de rendición de cuentas, la mayoría de sus servicios parecen no existir. Un reciente informe de la Contraloría General de la República ha puesto al descubierto una brecha crítica entre lo que la municipalidad gasta y lo que informa a la ciudadanía.
El dato que no cuadra: 1 frente a 21
El Informe de Orientación de Oficio N° 25152-2025-CG/PREV-SOO, elaborado por una comisión de control integrada por los especialistas Maria Milagros Sánchez Quintero y Jimmy D’Marti Anhuamán León, revela una omisión sistemática de información. Según el análisis de datos realizado, en el informe anual de 2024, la gestión del alcalde Jhony Rudecindo Apolinario Caso solo registró un (1) servicio público: “Incrementar la percepción de Seguridad Ciudadana en el Distrito”; No obstante, al cruzar esta declaración con el Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la realidad es otra: la entidad ejecutó presupuesto en 21 programas presupuestales y operó en 17 áreas de acción distintas, que incluyen saneamiento, salud, educación y transporte.
Millones en la sombra informativa
La gravedad de este subregistro radica en la magnitud de los recursos. En 2024, la municipalidad ejecutó un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 50,678,782.00,. Para el ejercicio 2025, la cifra asciende a S/ 56,449,692.00 Solange del Rocío Pérez Montero, Subgerente de Prevención de la Contraloría, advirtió mediante el Oficio N° 026840-2025-CG/PREV que esta falta de transparencia impide el ejercicio del control social,. Al omitir servicios misionales y públicos en las Secciones III y IV del aplicativo informático RC-TG, la entidad vulnera el principio de transparencia, ya que el informe de rendición de cuentas tiene carácter de declaración jurada.
Infografia
Un plazo de cinco días para la respuesta
La situación adversa identificada no es solo un error de registro; es un riesgo que podría repetirse en el informe anual 2025, cuyo plazo máximo de presentación vence el 31 de marzo de 2026 Ante este hallazgo, la Contraloría ha dado un ultimátum: el alcalde Apolinario Caso dispone de un plazo máximo de cinco (5) días hábiles para comunicar las acciones correctivas adoptadas,. El incumplimiento de estas disposiciones de transparencia no solo acarrea responsabilidades administrativas bajo la Ley del Servicio Civil, sino que también podría derivar en consecuencias civiles o penales si se comprueba el ocultamiento deliberado de información sobre el uso de los bienes del Estado.
Este caso deja una lección clara para la gestión pública: en la era de los datos abiertos, la transparencia no es opcional, y los millones que se ejecutan en silencio siempre terminan dejando un rastro en los libros de control.
